Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación avala constitucionalidad del Impuesto Cedular de Personas Físicas por Actividades Empresariales y por 

Redacción de Impuestos al día.

 

México, 10 de Abril del 2017. En sesión del pasado 29 de Marzo de 2017, se resolvió negar el amparo a los quejosos, en este caso, 4 amparos en revisión, todos de 2015, quienes adujeron la inconstitucionalidad de los artículos 43, Fracción IV, de la Ley del IVA; 103, Fracción VII de la LISR y diversos de la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán, relativos al impuesto cedular sobre los ingresos percibidos por las personas físicas por sus actividades empresariales y por la enajenación de inmuebles, al considerar que estos no violan el principio de equidad tributaria, al validad que existen motivos razonables y objetivos para que se establezca la facultad a las entidades federativas para administrar la recaudación de las personas físicas y dotarlas de otras fuentes de ingresos.

Respecto a la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán, se determinó que no existe violación al principio de equidad tributaria por el hecho de que el legislador local hubiera integrado a su legislación tributaria el impuesto cedular y otros estados no, ya que es potestad de cada estado crear o no esa contribución, en virtud de la posibilidad que les establece el artículo 43 de la ley del IVA.

De acuerdo con la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, el objeto de este impuesto son los ingresos percibidos por personas físicas, en forma directa o a través de establecimientos, sucursales o agencias, por la realización de actividades empresariales en el estado de Yucatán; aplica una tasa del 5%, y su pago, se convierte en un gasto deducible para efectos del ISR.

En ese sentido, la sala resolvió que tampoco atenta contra el principio de proporcionalidad tributaria la  circunstancia de que el artículo 104 de la LISR permita la deducción del impuesto cedular, pero no se haya establecido el acreditamiento del citado impuesto local frente al ISR federal; atendiendo a su naturaleza local, frente al impuesto federal, no era factible que el legislador previera dicho acreditamiento.

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